EL DIARIO.ES
El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó a la trama Púnica para
atacar a la Marea Verde en Internet
La Consejería de Educación de Lucía Figar encargó a la red desprestigiar a los profesores y al entonces ministro socialista Ángel Gabilondo
Los correos electrónicos incautados pedían a la trama «ejercer de tapón entre la Marea Verde, Aguirre y el PP de Madrid»
La Guardia Civil atribuye a la exresponsable de Educación los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude
José Precedo / Marcos Pinheiro. 22/09/2016
El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó en 2011 con dinero público una campaña en Internet contra la denominada Marea Verde, un colectivo de profesores y trabajadores de la educación pública que entonces protestaba contra los recortes de la Comunidad de Madrid. Y el trabajo sucio lo encomendó a uno de los principales imputados en la trama Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, supuesto gurú de Internet, encarcelado como uno de los conseguidores de la red que cobraba del Gobierno regional por amplificar los argumentarios del Partido Popular a través de miles de perfiles falsos en redes sociales que difundían informaciones de pequeños periódicos locales creados para ese fin.
El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incorporado al sumario que instruye el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional ofrece más detalles de los encargos que Figar –quien dimitió del último Gobierno de Ignacio González por este escándalo cuando ella misma fue imputada en junio de 2015– realizó con fondos públicos a las empresas de propaganda digital de De Pedro. En un correo electrónico del 14 de septiembre de 2011 –que un empleado de la red de De Pedro remite a varios compañeros y con copia al jefe– se describen entre los trabajos que «el cliente», la Consejería de Educación, les ha encargado el ataque a la Marea Verde, que entonces protagonizaba la movilización contra los recortes sociales.
En medio de las protestas de los trabajadores del sector público contra el Gobierno de Aguirre por los recortes educativos, el empleado de De Pedro explica cuál es la estrategia por la que paga el departamento de Figar: «El cliente nos ha solicitado con urgencia, sobre todo estos dos días, comencemos a interactuar con todos los periodistas posibles que tengan cuentas en twitter, véase @pedro_j. Esta labor la realizaremos de una forma más personalizada y con cuentas mejor alimentadas, es decir, no con un simple spam, sino enviándoles mensajes cuando nos pregunten, interactuando con ellos, convenciéndolos de que hay una marea de gente que está cansada de estos profesores y sindicatos que no se creen sus mentiras. Para el cliente es importantísimo que se note nuestra labor ahí, junto con la habitual de mencionar a la consejera figar poara [sic] mejorar su imagen, cosa que no debemos dejar de hacer. A la vez se nos pide que usemos más enlaces y argumentos concretos siguiendo la agenda y noticias de la consejera. Intentaré estar más alerta yo enviando correos como hacíamos con la agenda de Gallardón, pero ellos también estarán más activos en este sentido, avisándonos ellos. Nos tocará estar más alertas a los twitters de figar, aguirre [sic]».
A partir de ahí, el correo electrónico detalla algunas de las consignas a difundir en las redes sociales para intentar silenciar las protestas: «Menos alumnos por aula, menos horas de trabajo y más sueldo, ¿de qué se quejan los profesores españoles». Los trabajadores de De Pedro explican que la principal tarea del «grupo de trabajo» es «ejercer de tapón parcial entre la #mareaverde y la consejera de Educación y el PP de Madrid y Aguirre en general».
Argumentarios con ataques al ministro Gabilondo
La propaganda pagada con dinero público de la Comunidad de Madrid incluía además ataques a políticos de otras administraciones. Y colocaba en la diana de las críticas a Ángel Gabilondo, entonces ministro de Educación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y hoy líder de la oposición al Gobierno regional de Cristina Cifuentes en Madrid, al que proponían pedir su dimisión, según la documentación intervenida por la Guardia Civil. La instrucción planteaba amplificar en Internet el siguiente argumentario: «Pero menuda caradura la de Gabilondo, que le recortan un 7,5% el presupuesto y se dedica a dar lecciones sobre no reducir el presupuesto en Educación».
Esas órdenes por escrito, las facturas, los contratos recabados en la Administración regional bajo los mandatos de Aguirre y González, además de las escuchas telefónicas practicadas bajo orden judicial, llevan a la Guardia Civil a atribuir a Figar, que abandonó la política cuando fue imputada en junio de 2015, los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Esta rama del sumario de Púnica que indaga sobre la propaganda del PP sufragada con dinero de las arcas públicas cuenta además con testimonios que refrendan las sospechas de la Guardia Civil. Cuando el juez Eloy Velasco leyó la motivación de los cometidos de los contratos a una de las empleadas de De Pedro que compareció como testigo, la mujer aseguró: “Evidentemente, se trabajaba la reputación de Figar, porque era lo que peor estaba”. La trabajadora enunció luego los nombres de los asesores de comunicación de la Comunidad que les remitían los comunicados para llenar sus diarios. Entre ellos estaba Isabel Gallego, la mano derecha de Aguirre primero e Ignacio González después en el área de Comunicación, también imputada por el mismo caso. Gallego declaró al juez que la Comunidad pagaba a las firmas de De Pedro, pero por hacer resúmenes de prensa y seguimiento del Gobierno en distintos medios de comunicación.
Uno de los trabajos incautados por la Guardia Civil y que realizaban las sociedades de De Pedro para el Gobierno regional relata: «El presente informe refleja la situación actual de la entidad online de Lucía Figar. Se recogen los aspectos más polémicos que han afectado a la consejera, con el objetivo de conseguir una buena reputación online».
De Pedro fue encarcelado junto a otras 50 personas en octubre de 2014 como supuesto cabecilla de una red corrupta liderada por el exvicepresidente madrileño y antiguo secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, que pagaba mordidas a cambio de contratos millonarios en distintas administraciones, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. El montante total que se investiga ronda los 250 millones de euros. El empresario que montaba redes de propaganda en Internet para instituciones, empresas privadas y hasta para el Real Madrid, logró eludir la prisión en diciembre de 2014 tras pagar una fianza de 50.000 euros, pero sigue imputado por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude.
EUROPAPRESS
Los alumnos madrileños de Primaria con educación bilingüe en centros públicos, presentan peores resultados académicos, según un estudio
MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) –
Los alumos que estudian Primaria en centros públicos a través de programas de educación bilingüe presentan peores resultados académicos en las asignaturas que se imparten en ingéls que aquellos que sólo cursan sus estudios en castellano, según un estudio elaborado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Para analizar estos programas, que se encuentran plenamente implantados desde hace años en países como India, España o Estados Unidos, los investigadores evaluaron el programa que la Comunidad de Madrid introdujo en la enseñanza primaria en un conjunto de escuelas públicas en 2004.
Uno de los investigadores del departamento de Matemáticas de la UC3M, Jesús Carro explica que han encontrado un efecto negativo negativo sobre el nivel de competencias. El estudio, publicado recientemente en la revista Economic Inquiry, usa los datos de la prueba de conocimientos indispensables que realiza la Comunidad de Madrid al terminar la educación primaria. «Estos alumnos y profesores están haciendo un esfuerzo adicional por el hecho de tener que enseñar y aprender las materias en un idioma que no es el suyo. Tienen que dedicar más tiempo y esfuerzo al aprendizaje del inglés, lo que puede afectar al aprendizaje de los contenidos específicos de materias como Ciencia, Historia o Geografía», explican los investigadores. Por otro lado, valoran que estos alumnos realizan los exámenes oficiales en castellano, dado que es la misma prueba para todos los alumnos de la Comunidad de Madrid. «Aun así sigue siendo un resultado relevante, porque en su progreso en el sistema educativo en España estos alumnos van a ser evaluados en castellano y necesitan, además de tener unos conocimientos, ser capaces de expresarlos también en este idioma», indican.
Así, el estudio establece muchas hipótesis sobre las razones por las que ocurre: los niños reciben más ayuda en casa, tienen más recursos, están más expuestos a entornos donde se usan más otras lenguas o donde hay mayor riqueza lingüística. «Como el efecto negativo está tan localizado en un grupo específico de alumnos, sería fácil establecer algún programa de refuerzo que lo solucionara», plantea. Además, destaca que ninguno de estos alumnos del programa bilingüe obtiene peores resultados en su capacidad de comprensión lectora en lengua española. Los investigadores señalan que esta evaluación se refiere solo al programa bilingüe que se ha realizado en centros públicos, pues aunque el programa se ha ido implementando en centros privados concertados, los resultados del estudio no son extrapolables a los mismos porque no está claro que cuenten con el mismo nivel de docentes preparados para implementar el programa. Además, en el estudio se refleja que hay varias cuestiones muy importantes por abordar como saber qué ha pasado con estos alumnos en las siguientes etapas educativas. «Es posible que ese efecto negativo que hemos detectado desaparezca entonces, porque en educación secundaria el nivel de inglés ya es mejor en el alumno», señala Carro. Asimismo, Carro considera que es importante conocer los factores que pueden influir en el resultado del programa, como la importancia del nivel de inglés de los maestros. «Esto es relevante tanto para ver si eso podría mejorar los resultados, como para tener una mejor idea de lo que puede estar pasando con el programa en los años siguientes a los que nosotros analizamos», subraya.
ABC.ES
Estas son las propuestas (posibles) de los sindicatos al ministro de Educación para alcanzar un pacto educativo
Entre las medidas apuntadas figuran crear una comisión de Educación en el Congreso, suprimir los Reales Decretos de recorte del gasto educativo, mantener la reválida de Bachillerato lo más parecido a la Selectividad o mejorar la FP Básica
ALEJANDRO CARRA – Madrid 26/09/2016
El ministro de Educación mantuvo ayer lunes una intensa jornada de reuniones con los principales sindicatos del sector. Íñigo Méndez de Vigo aguantó ayer una maratoniana ronda de encuentros durante toda la mañana y buena parte de la tarde con los responsables de Educación de UGT, CC.OO., ANPE y CSI-F para intentar sentar las bases de un Pacto Nacional que saque a la enseñanza del campo de batalla político.
Como es de imaginar, la lista de propuestas que recibió el ministro fue tan amplia como variada. Algunas de ellas, como la derogación de la Lomce o la paralización del calendario de implantación de la ley son en la práctica imposibles de llevar a término por un Gobierno en funciones o incluso por uno que no cuente con una mayoría absoluta en el Congreso. Pero otras de las propuestas sí podrían ponerse en marcha y, de hecho, el ministro ha mostrado su disposición a estudiarlas en profundidad. Entre ellas figuran la creación de una comisión de Educación en el Parlamento que inicie los trabajos para alcanzar el Pacto educativo, la retirada de los Reales Decretos de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que regulan, entre otras, cuestiones como las tasas de reposición de los profesores, su horario lectivo, las sustituciones o la contratación de interinos.
Comisión de Educación en el Congreso
Esta propuesta ya figura incluso en el Pacto alcanzado por Ciudadanos y el PP. Hoy, sindicatos como UGT o CSI -F le han pedido que se dé ese paso. La responsable de enseñanza de la Federación de Empleados Públicos de UGT, Maribel Loranca, aseguró a su salida del encuentro que «el Gobierno está en funciones pero el parlamento no», con lo que si de verdad quieren llegar a un acuerdo, «bien pueden empezar por ahí». El presidente nacional de Educación de CSI-F, Mario Gutiérrez, por su parte, le ha trasladado al ministro la posibilidad de que al menos PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos formen ya esa comisión para ir avanzando. «Que los trabajos para conseguir el pacto por la Educación partan de la mesa sectorial o del Ministerio es lo de menos, lo importante es que se inicien. Pronto habremos consumido dos cursos sin que se haya avanzado nada. Y así no se puede seguir», asegura Mario Gutiérrez a ABC.
Supresión de los recortes en Educación
Este es uno de los puntos en el que más coinciden los sindicatos. La retirada de los Reales Decretos de racionalización del gasto público en el sistema educativo permitiría un desbloqueo de cuestiones importantes para docentes y centros educativos. «El ministro nos ha dicho que ya se han revertido algunos como la tasa de reposición de los profesores, pero quedan otros que son igual de importantes. Si se derogasen se podría volver a la jornada de 18 horas lectivas. La actual de 20 horas mínimas está causando muchos problemas de organización a los directores de los centros con los apoyos, los desdobles y las guardias de los profesores, que no olvidemos, están al cuidado de menores de edad», señala Mario Gutiérrez.
Otro de los aspectos que regulan los Reales Decretos es el de la sustitución de los docentes. «No se entiende que haya que esperar 10 días lectivos para sustituir a un profesor que se sabe positivamente que no se va a reincorporar antes», lamenta el presidente de Educación de CSI-F.
Acabar con los recortes también podría solucionar el problema de las altas tasas de interinidad que soporta el profesorado. «En torno al 20%», recuerda el presidente de ANPE, Nicolás Fernández Guisado.
Reválida de Bachillerato igual a la Selectividad
El Bachillerato no es una etapa que pertenezca a la Educación Obligatoria y, por tanto, el carácter académico de la reválida de Segundo (que debe aprobarse para obtener el título) no suscita tanto enfrentamiento con el Ministerio. Hay sindicatos como ANPE y CSI-F a los que les preocupa más la desaparición de la Prueba de Acceso a la Universidad. Y así se lo han manifestado hoy al ministro. «Nos gustaría que la reválida de segundo de Bachillerato fuese lo más parecida posible a la actual selectividad para evitar el peregrinaje de alumnos haciendo pruebas en las distintas universidades», advertía a este diario Fernández Guisado. «Si cada universidad comienza a realizar sus propias pruebas de acceso, como permite la Lomce, se puede producir un agravio comparativo entre alumnos de distintas comunidades», advierte Mario Gutiérrez.
Más impulso a la FP Básica
Otro punto en el que se puede llegar a un objetivo común es el de la FP Básica, una de las novedades de la Lomce, que permite a los alumnos pasar desde tercero de la ESO a los ciclos formativos. La preocupación de sindicatos como ANPE es que la FP Básica está teniendo escasa incidencia. «Este curso solo hay 50.000 alumnos, y son muy pocos», lamenta Fernández Guisado. Una de las explicaciones que da a esta situación el presidente de ANPE es que «es poco atractiva». Según Fernández Guisado, hay que darle «más opciones a los estudiantes de FP Básica para que acaben consiguiendo el título de graduado en ESO, no solo ofrecerles la adquisición de competencias profesionales». Además, desde ANPE reclaman que se amplíe la oferta de ciclos formativos. «Hay en algunos sectores, como el de hostelería, donde hay mucha más demanda que oferta. Si los chavales no pueden cursar esa rama, lo dejan. Y el objetivo de la FP Básica debe ser mantenerlos dentro del sistema educativo para que puedan reengancharse a las enseñanzas académicas», concluye Fernández Guisado.
EUROPAPRESS
Escepticismo y desconfianza entre el profesorado ante la propuesta de pacto de Méndez de Vigo
El ministro, «dispuesto a darle una vuelta» a la ‘reválida’ de la ESO, según ANPE
MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) –
Los representantes de varios sindicatos de enseñanza –FE-CC.OO, FesP UGT y ANPE– se han mostrado escépticos y desconfiados ante la propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, de iniciar las negociaciones para un futuro ‘Pacto Nacional por la Educación’ con la LOMCE ya implantada
En declaraciones a los medios, tras el encuentro con el ministro, García ha asegurado que éste le ha propuesto que «el Consejo Escolar del Estado sea el órgano que ponga en marcha el pacto», un extremo que el Ministerio de Educación «niega rotundamente», según han indicado a Europa Press fuentes de este departamento.
Las mismas fuentes han afirmado que el ministro sólo ha preguntado a estos representantes cuál es el órgano o espacio que consideran más adecuado para realizar las negociaciones. Según García, el Consejo Escolar no puede liderar el pacto porque se «desnaturaliza la representatividad de las organizaciones de la comunidad educativa», ya que «la Administración tiene mayoría». «No es el escenario mejor y le hemos pedido que en todo caso se hable de comunidad educativa, por un lado, y de marco de concertación social, por otro. Esta es nuestra posición», ha subrayado este dirigente sindical, que también duda de que el desbloqueo del Consejo Escolar del Estado, que actualmente no cuenta con altos cargos, se pueda solucionar con una mesa presidida por el miembro de más edad o antigüedad de este órgano consultivo.
«Jurídicamente no hemos estudiado la propuesta de una mesa de edad. La ley de procedimiento administrativo regula las administraciones públicas y el Consejo Escolar del Estado no lo es. Tenemos dudas», ha afirmado.
VERTEBRACIÓN DEL SISTEMA
El presidente de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, considera que el Consejo Escolar, que representa a toda la comunidad educativa, puede ser un lugar idóneo para debatir sobre el pacto, pero también la Mesa Sectorial de Educación –integrada por los sindicatos–, una comisión parlamentaria para el pacto político y la Conferencia Sectorial de Educación –consejeros autonómicos– «para evitar que día sí y día también se produzcan disfunciones».
«También ha indicado que el pacto debe referirse a «cuestiones nucleares», como son, a su juicio, el modelo, la estructura, la financiación, el funcionamiento de los centros, el profesorado y la vertebración del sistema educativo. «Le hemos pedido que lidere la educación, respetando el techo competencial, para que no se vuelvan a repetir experiencias como país con la evaluación de sexto de Primaria», ha subrayado.
Asimismo, ha apuntado que el profesorado debe ser el «pilar» de este futuro pacto educativo y ha insistido en la aprobación del Estatuto Docente, partiendo de un documento de 2007, «actualizado y consensuado con el profesorado», y no de la propuesta del ‘Libro Blanco’, encargado a José Antonio Marina, «que contiene elementos que son muy cuestionados y criticados».
Desde FesP UGT, Maribel Loranca ha subrayado, tras el encuentro con el ministro, que era «absolutamente prescindible» porque, a su juicio, para empezar a trabajar en un pacto «tiene que haber alguien con capacidad de maniobra». «Como gesto de buena voluntad le hemos pedido la retirada del decreto de las reválidas, a lo que el ha dicho que no», ha subrayado Loranca, que le ha reprochado al ministro que el partido que «boicoteó» el pacto propuesto por el exministro Ángel Gabilondo «fue el PP».
EL ‘LIBRO BLANCO’, «UNA BOFETADA AL PROFESORADO»
Para esta responsable sindical, el pacto «político» debe discutirse en el seno la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados y la Conferencia Sectorial de Educación y el pacto «social» debe liderarlo un ministerio de Educación que no esté en funciones como el actual. «Le hemos dicho al ministro que no es el momento ni la persona para liderar el proceso», ha apostillado Loranca. Al igual que el presidente de ANPE, la responsable del Sector de Educación de
FesP UGT ha insistido en el Estatuto Docente y ha pedido a Méndez de Vigo «que se olvide» del ‘Libro Blanco’ de Marina, que «fue una bofetada al profesorado», y se retomen los trabajos realizados en la Mesa Sectorial de Educación. Méndez de Vigo también ha recibido en su despacho a la presidenta de la Confederación de Familias y Padres de Alumnos, Begoña Ladrón de Guevara, que ha indicado que «todo pacto educativo es bueno», aunque lo proponga un ministro en funciones, y ha subrayado que el objetivo tiene que ser «lograr la estabilidad del sistema a medio y largo plazo». Para ello, ha indicado que no lleva a nada «ir de primeras buscando el enfrentamiento». La representante de COFAPA ha pedido al ministro que «cuente con las familias» para este acuerdo y considera que el Consejo Escolar del Estado puede ser un lugar adecuado para debatir sobre el mismo, aunque ha recordado que actualmente se encuentra bloqueado.
LA ‘REVÁLIDA’ DE 4º DE LA ESO
Fernández Guisado ha afirmado que el titular de Educación se ha mostrado «receptivo» y «dispuesto» a «darle una vuelta» a la evaluación final de la ESO de la LOMCE para que ésta no tenga efectos académicos y no condicione la obtención del título a los alumnos que hayan aprobado 4º de la ESO, tal y como le ha planteado esta organización. Este representante ha explicado el «problema» con el que se encuentran los alumnos que aprueban 4º de la ESO y suspenden la prueba porque «se quedan un año o dos en el limbo» al no poder matricularse en Bachillerato ni en Formación Profesional de grado medio, sino sólo en FP Básica. «El ministro ha sido receptivo a la propuesta y le va a dar una vuelta. Le hemos explicado el alcance que tiene, el problema es que los alumnos que hayan aprobado cuarto y suspendan la prueba se quedan un año o dos en limbo. Él se ha dado cuenta de que eso es así y de que hay que darle una vuelta», ha asegurado Fernández Guisado.
LEVANTE
Las aulas de segundo de Bachillerato hierven contra la reválida
Alumnos de 25 institutos públicos y un concertado de Valencia, l’Horta y la Ribera se movilizan al no saber nada de la prueba que sustituirá a la selectividad
RAFEL MONTANER | VALENCIA. 27.09.2016
«No somos nada más que estudiantes cabreados (sin sindicatos, sin partidos ni ideologías que nos separen) por tanto tendremos que hacernos oír si queremos que nos hagan caso». Con estas palabras han comenzado a movilizarse lo s alumnos de segundo de Bachillerato de la primera promoción de la Ley Orgánica de Mejora de la Educación (Lomce) ante la ansiedad que les genera el no tener noticia alguna de sobre cómo será y qué asignaturas entrarán en el examen de reválida que afrontarán en julio de 2017. Aunque al ser la primera reválida no hará falta aprobarla para obtener el título de Bachillerato, su nota será determinante para acceder a la universidad, pues sustituye a la selectividad.
«Les importamos tan poco que no nos dicen qué examen tendremos, ni tan siquiera se han molestado en concretar los contenidos que tenemos que aprender», se lee en el mensaje que ha dado pie a la primera asamblea del grupo. Fue este sábado pasado y concentró en la Facultat de Filosofia i Ciencies de la Educació de la Universitat de València (UV) a representantes de alumnos –miembros del consejo escolar o delegados de aula– de 25 institutos públicos y un centro concertado de Valencia, l’Horta Nord y la Ribera Baixa.
De Valencia participaron en la reunión alumnos de al menos 12 Institutos de Educación Secundaria (IES) públicos de Valencia -Benlliure, Ferrer i Guardia, Lluís Vives, Conselleria, Cabanyal, Abastos, Isabel de Villena, Rascanya, El Carme, Ramon Llull, San Vicent Ferrer y Districte Marítim- y del centro concertado Escuela de Artesanos. También acudieron representantes de estudiantes de cuatro IES de l’Horta Nord –La Morería (Mislata), Escultor en Francesc Badia (Foios), IES Massamagrell y Tierno Galván (Moncada)– y del IES Sucro de Albalat de la Ribera.
Los estudiantes reclaman «soluciones ya de ya» y sus reivindicaciones son básicamente tres. La primera es «conocer el modelo de reválida» al que se van a enfrentar. El Ministerio de Educación en funciones publicó en pleno verano, el sábado 30 de julio, el Real Decreto que regula las reválidas de ESO y Bachillerato, pero aún no ha sacado la orden que «determinará las características, el diseño y contenido de las pruebas». De momento, el profesorado de Bachillerato está trabajando en las aulas con los exámenes de la última selectividad.
La segunda reclamación de los estudiantes son «los contenidos concretos a estudiar». El Real Decreto de julio ya deja claro que tendrán que examinarse de todas las materias generales cursadas en ambos cursos de Bachillerato en el bloque de asignaturas troncales», con lo que deberán examinarse de Filosofía que con la Lomce solo se imparte en primero. En la selectividad solo entraban materias de segundo de Bachillerato.
Acceso a la universidad
La tercera demanda es «aclarar cómo será el acceso a la universidad y qué habrá que hacer para entrar en las universidades de las autonomías que no apliquen la reválida», como Cataluña. Las universidades valencianas se han comprometido a no aplicar pruebas extraordinarias a los alumnos y que las ponderaciones de las asignaturas sean lo más parecidas posible a las de la selectividad.
Los estudiantes, que ayer volvieron a reunirse en la Facultat de Psicologia de la UV, barajaban hacer este viernes una quedada de protesta ante la Conselleria de Educación pero la han cambiado por una concentración frente a la Delegación de Gobierno en la calle Colón, que convocarán cuando logren los permisos necesarios.
MADRIDIARIO.ES
CCOO rechaza el pacto educativo de Cifuentes por carecer de
«bases sólidas»
POR MDO. Martes 27 de septiembre de 2016,
CCOO ha reclamado un pacto educativo para la Comunidad de Madrid sustentado sobre “bases sólidas”, en contraposición a la propuesta de acuerdo educativo realizada por el Gobierno regional, que el sindicato rechaza tanto por las formas como por el contenido. Por las formas por el espacio elegido para su discusión -el Consejo Escolar-, que CCOO considera un órgano “instrumentalizado por el PP”, y también por la ausencia de un diagnóstico previo. Por los contenidos, al considerar que han sido impuestos por la Consejería de Educación, consolidando los recortes de los últimos años y sin abordar elementos clave como el abandono escolar o la recuperación del empleo perdido.
Para la secretaria general de la Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CCOO, Isabel Galvín, las 93 medidas presentadas por el Gobierno madrileño en el llamado “Acuerdo para la transformación educativa”, carecen de “soluciones concretas a los problemas reales de la educación madrileña”. Por su parte, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha incidido en que es posible el pacto educativo que propone el sindicato, que debe hacer frente a la situación de “desigualdad y desequilibrio” que sufre la educación madrileña, que ha situado en los niveles presupuestarios del curso 2005/2006.
Un estudio del sindicato revela el “destrozo presupuestario” sufrido por la educación madrileña, que ha perdido 667 millones de euros en cinco años, mientras que las inversiones en educación se reducían un 60% y las becas caían un 75%, y al tiempo que el gasto en conciertos con centros privados crecía un 30%, una apuesta por la educación privada que desequilibra el sistema educativo.
Para CCOO de Madrid, el pacto educativo debe incluir un plan de empleo “serio y riguroso” para la contratación de 14.000 profesionales en el sector, teniendo en cuenta la pérdida de 8.000 trabajadores, si se incluyen las plazas de interinos.
Por tanto, el sindicato cree que debe aprovecharse la oportunidad para que la Comunidad de Madrid tenga un sistema educativo “de calidad” que compense las desigualdades.
CCOO ha realizado este análisis en la presentación del 15º Fórum de la Educación Madrileña, que organiza la Federación de Enseñanza del sindicato, que se celebrará en la sede del mismo
EUROPAPRESS
Estudiantes progresistas y padres de la pública se suman a la huelga del 26 octubre contra las ‘reválidas’
MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) –
La Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST), afín al PSOE, y la Confederación de Padres y Madres de Alumnos CEAPA se suman a la convocatoria de huelga del Sindicato de Estudiantes contra las evaluaciones finales de la ESO y Bachillerato de la LOMCE, el próximo 26 de octubre.
Así lo ha anunciado en un comunicado este martes 27 de septiembre la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, a la que pertenecen estas tres organizaciones junto a varios sindicatos de enseñanza –STES, FE-CC.OO, FesP UGT-. Estos últimos apoyan las movilizaciones, pero de momento no llaman a la huelga al profesorado, según ha confirmado a Europa Press el presidente de CEAPA, José Luis Pazos. El acuerdo lo han alcanzado tras la reunión mantenida durante la tarde, en la que han pactado declarar el día 26 de octubre como «jornada de lucha contra las reválidas para exigir su eliminación inmediata y definitiva»; convocar manifestaciones en todo el Estado de forma conjunta por las plataformas de cada territorio; y poner en marcha un calendario de actuaciones conjuntas contra las reválidas, que darán a conocer en los próximos días. «La Plataforma Estatal por la Escuela Pública muestra su rechazo absoluto a la imposición de las reválidas y reitera que no dejará de realizar actuaciones conjuntas en tanto que éstas existan, dentro de un marco global de lucha por la derogación de la LOMCE y el resto de contrarreformas educativas, así como para lograr la reversión total de los recortes sufridos en los últimos años», reza el comunicado.
EL MUNDO
Entrevista al consejero de Educación de Castilla y León (PP)
Fernando Rey: «Tengo dudas de que vaya a haber reválida de la ESO«
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. 28/09/2016
Fernando Rey, consejero de Educación de Castilla y León, no tiene reparo en hablar con EL MUNDO de las pegas que encuentra a las reválidas, evaluaciones finales que conforman el tuétano de la Lomce. En realidad, este catedrático de Derecho Constitucional, que no tiene carné político pero gestiona la educación de una región gobernada por el PP, dice en voz alta lo que muchos populares piensan. Augura, por ejemplo, que la prueba final que este curso deben pasar los alumnos de 4º de la ESO de toda España finalmente no se realizará.
El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, está trabajando para alcanzar un Pacto de Estado por la Educación. ¿Habrá acuerdo?
Ojalá. Es el deseo de todos. Todo el debate sobre la Lomce ha generado como reacción la intensificación de la necesidad de pactar. En lo que no estoy seguro es en que todos entendamos lo mismo por pacto. Un pacto requiere incrementar la inversión en educación, porque, según el último informe de la OCDE, tenemos una educación de país rico con un presupuesto de país pobre. Y también plantea dificultades objetivas, más allá del talante de los actores. Por ejemplo, cómo conciliar el objetivo loable de que haya un sistema educativo único en todo el país con el objetivo, también loable, de fomentar la autonomía de los centros y reconocer las singularidades autonómicas. Ésta es una tensión complicada. O, también, cómo pasamos a un sistema más competencial al tiempo que reforzamos la educación por contenidos. Creo que el pacto es más sencillo en cosas más comprometedoras, como, por ejemplo, las reválidas, o la Religión, o la necesidad de recuperar la Filosofía.
¿Por qué?
Son cosas más puntuales y, en el fondo, los que estamos en el sistema educativo tenemos una posición bastante próxima. Tienen más dificultad las cuestiones más sistemáticas: cómo transformamos un sistema educativo muy tradicional en un sistema educativo adaptado a las necesidades de nuestro tiempo. Y eso pasa, en mi opinión, por un aula bilingüe, inclusiva y tecnológica.
¿Cree que, al final, el Gobierno va a celebrar esta curso la reválida de 4º de la ESO?
Tengo dudas. Estas dudas están alimentadas por el hecho de que, en el pacto entre el PP y Ciudadanos, fuera una cuestión a suprimir. Aunque se dijera de un modo un poco críptico. Creo que se puede modificar la ley, aunque para ello necesitamos un gobierno que no esté en funciones. Pero, por ahora, el Gobierno sigue en funciones, y debe aprobar de aquí a noviembre una orden ministerial que desarrolle estas pruebas, tanto la de 4º de la ESO como la de 2º de Bachillerato. ¿Lo hará?
Tiene ese compromiso. Y, además, lo estamos esperando. El Gobierno tiene que concretar al máximo la prueba. Sobre todo porque tenemos alumnos de Bachillerato que no saben cómo van a ser evaluados ni cómo van a entrar en la universidad. Es una situación un tanto anómala. Corre cierta prisa.
¿Va a darle tiempo a Castilla y León a desarrollar su propia normativa en tan poco tiempo?
Ya estamos, en este momento, fuera de plazo. Pero el compromiso es ir a toda velocidad para dar seguridad a los estudiantes.
Hay algunas autonomías, como Cataluña, que han expresado su intención de no hacer las reválidas. ¿Castilla y León las va a poner en marcha?
Hombre, claro que las vamos a hacer. Vamos a cumplir la norma. De hecho, estamos trabajando en paralelo con las universidades para que la evaluación de 2º de Bachillerato sea lo más parecida posible a la última Selectividad. Creo que estamos perdiendo un poco la cabeza en relación al debate sobre qué normas cumplir o no. No es elegible no cumplir las normas. Dicho lo cual, es deseable que el legislador sea lo más sensato posible.
¿Fue sensato quien hizo las reválidas?
Las personas que estamos en la gestión cotidiana de la educación nos damos cuenta de que el problema fundamental es el de superar las elevadas tasas de abandono escolar temprano que tenemos. Existe, asimismo, una alta tasa de abandono en la FP. En un sistema educativo obligatorio hasta los 16 años, se trata de no dejar a ningún escolar atrás. Además, no todos maduran al mismo tiempo. Y tenemos un sistema educativo que pone mucho el acento en los contenidos y poco en el aprendizaje de competencias, cuando tenemos mucha dificultad para evaluar competencias. En este contexto, la cuestión no es añadir más pruebas, más controles de resultados, porque nuestros alumnos son evaluados prácticamente cada día desde que entran en Infantil. No son necesarias reválidas en 4º de la ESO ni en 2º de Bachillerato. Lo que sí hace falta es diagnosticar con más finura, con más profundidad intelectual, la entrada en la universidad. Lo que tiene menos sentido es una reválida que permite, además, otras pruebas de acceso por parte de las universidades. Eso es lo que yo no acabo de ver.
Porque la ley sigue permitiendo a cada universidad poner sus propias pruebas de selección de alumnos, ¿verdad?
Al final, el problema de las reválidas es que en la Lomce está prevista una prueba nacional única y que, a la vez, cada una de las universidades puede establecer un criterio diferente de acceso. Realmente, es la antiLomce. La práctica está en las antípodas de la norma. Hace falta no sólo cambiar la Lomce, sino desarrollarla, pero no tenemos un Gobierno ni un Parlamento estable. El país vive en una situación crónica de disenso.
Los profesores han empezado el curso sin tener la seguridad de si finalmente habrá o no reválidas y cómo serán. ¿Se le quejan los docentes?
Los profesores empiezan con perplejidad, inseguridad y un cierto malestar que es comprensible. Cualquier Gobierno estable tendría condiciones para solucionar esto. De hecho, el ministro de Educación ha demostrado un talante dialogante y una voluntad de solventar los problemas, pero se encuentra en funciones y su margen de actuación es limitado.
¿Tiene sentido que los alumnos de 2º de Bachillerato se tengan que examinar para la reválida también de las asignaturas que han dado en 1º?
Nos parece sensato que se pregunte de 2º de Bachillerato y no de 1º. Al alumno de Bachillerato lo más razonable sería exigirle sólo materias de 2º; entre otras cosas, porque, como la Lomce ha intensificado el currículo, los alumnos van a tener que enfrentarse a un examen más amplio.
¿Se sentiría cómodo con una evaluación final en 4º de la ESO que perdiera su condición de reválida; es decir, que no tuviera efectos académicos y que no fuera imprescindible aprobarla para titular?
Sí, de diagnóstico. En ese sentido, sería una prueba útil. En Castilla y León ya las hemos usado y nos han servido para implementar procesos de mejora.
¿Por qué la evaluación externa de 6º de Primaria la realizaron en mayo de una forma distinta a como mandaba la Lomce y pusieron a profesores de los centros a vigilar y corregir los exámenes?
Teníamos serias dificultades para realizar la prueba en las condiciones literales que ponía la norma, porque Castilla y León es una comunidad autónoma muy extensa, con miles de centros. Suponía un colapso organizativo importante, además de encarecer desproporcionadamente la prueba, que los funcionarios fueran a todos los colegios del medio rural y a todos los concertados, que suponen el 30%. Basándonos en un principio de confianza en los profesores, interpretamos que el «carácter externo» de los docentes se satisfacía simplemente sustituyendo a profesores de 6º por otros profesores, aunque fuera del mismo centro. Hemos hecho una interpretación teleológica, atendiendo a la finalidad de la norma.
La Alta Inspección del Estado les pidió explicaciones por esta interpretación. ¿En qué estado se encuentra el expediente?
Hemos hecho las aclaraciones pertinentes y estamos al corriente de nuestras obligaciones. Se han dado por satisfechos con nuestras explicaciones. Hay que tener en cuenta que, cuando una prueba no tiene valor académico, se transforman sus exigencias.
¿En la reválida de 4º de la ESO también van a poner a profesores de los propios centros a vigilar y corregir? No nos hemos planteado cómo hacerlo. Esta prueba está pendiente de ver.
¿Qué le parece la insumisión contra los deberes a la que ha llamado la Ceapa?
Los deberes son necesarios. Tienen su sentido si se establecen con criterio, para cada nivel educativo e incluso para cada escolar. Sirven para reforzar lo aprendido y crear un hábito de estudio. No estoy a favor de suprimirlos, ni siquiera de regularlos, porque forman parte del ars docendi del profesor. Es importante que los padres confíen en los profesores y me preocupa que se rompa la relación de confianza.
EL PAIS
El director de un colegio concertado religioso equipara la ley de Género con el terrorismo
El islam o la ideología de género «son maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso», dice una carta enviada a los alumnos
CARMEN PÉREZ-LANZAC. Madrid 28 SEP 2016
El director del colegio concertado Juan Pablo II, de Alcorcón (el primero de la cadena de Educatio Servanda, cuyos alumnos de primaria y secundaria aulas se segregan por sexo), ha escrito una carta de bienvenida del curso a los alumnos y a los padres de estos en la que hace un ataque directo a la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad, que él llama «Ley de Ideología de Género».
El director del centro -Carlos Martínez-, tras citar el atentado de Niza y el asesinato en Francia del sacerdote Jacques Hamel, dice: «Y mientras tanto, nuestros políticos más cercanos, aquellos que deberían defender la familia y nuestras raíces cristianas, ocupados en complicar las cosas con legislaciones tan absurdas como la reciente Ley de Ideología de Género aprobada en la asamblea de Madrid. ¡Qué barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de sus hijos! ¡Qué dogmatismo acusar de discriminación a quien piensa diferente! ¡Qué despropósito pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones! La mentira siempre tiene miedo a la luz de la verdad y al contraste de ideas. El parecido con el fanatismo terrorista es Inquietante».
La carta continúa alabando a los «valientes» Obispos que publicaron una carta calificando la ley de «ataque a la libertad religiosa y de conciencia». Continúa la carta incidiendo en la comparativa: «En el fondo, el islam o la ideología de género no son más que «programas humanos», como enseña Juan Pablo II, y son maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso, Eso es lo que deberíamos enseñar a nuestros hijos sin ningún complejo». El director del centro no ha querido hacer declaraciones.
La carta llegó a Arcópolis, la asociación de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y Heterosexuales de la Comunidad de Madrid, que ha denunciado el caso.
Distintos ayuntamientos de la comunidad han firmado acuerdos con La Fundación Educatio Servanda que han sido objeto de críticas de partidos políticos y padres. «Nosotros pedimos que se haga una revisión del concierto con la Fundación Educatio Servanda, a la que pertenece este centro, para que se elimine», dice Rubén López, el vocal de la asociación de delitos de odio. «Y vamos a exigir una reunión con la consejería para tratar este tema».
La Consejería de Educación ha encargado al Servicio de Inspección Educativa un informe con el objetivo de comprobar si el contenido de la carta infringe la normativa sobre conciertos educativos y, en caso de que así fuese, proceder a la apertura de un expediente sancionador. Hasta el momento, la Consejería no ha recibido denuncia, reclamación o queja sobre el contenido de la carta ni sobre el funcionamiento del centro por parte de las familias de los alumnos. Además, señala que «no comparte el contenido de dicha carta puesto que manifestaciones de este tipo no contribuyen al buen entendimiento, respeto y tolerancia que son necesarios para el desarrollo de un buen proyecto educativo».
ESCUELA
CEAPA recurre el decreto de ‘reválidas’ ante la Audiencia Nacional y llama a los padres a la huelga del 26 de octubre
La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha presentado este miércoles 28 de septiembre un recurso ante la Audiencia Nacional para pedir la anulación y suspensión cautelar del Real Decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato de la LOMCE. Asimismo ha llamado a las familias a la huelga educativa convocada para el próximo 26 de octubre contra estas pruebas.
Esta organización mayoritaria en la enseñanza pública ha informado de que ha pedido a la Audiencia Nacional la anulación del Decreto porque «vulnera el marco legal vigente» y su «inmediata» suspensión cautelar porque, de lo contrario, las administraciones educativas tendrán que poner en marcha este curso las evaluaciones finales de Secundaria, aunque algunas las hayan recurrido ante los tribunales.
«Llamamos a todas las familias porque o echamos abajo las reválida en los tribunales y con movilizaciones, o nuestro hijos e hijas se tendrán que enfrentar a estas pruebas y a la posibilidad real de que no obtengan los títulos que merecen. Si las reválidas siguen vigentes el día que se deben realizar, o se hacen o podrán existir consecuencias legales para quienes sean los responsables de ellos. Ésa es la única verdad», señala esta organización en un comunicado.
Méndez de Vigo, «abierto a dialogar» para que la ‘reválida’ de la ESO no sirva para titular, según FSIE
«El ministro podría estar en disposición de dialogar sobre el tema de esta evaluación lo cual nos parece una actitud razonable y positiva, dadas las circunstancias en que estamos. Ha tomado nota de nuestra propuesta de que no sirvan para titular y nos ha dado a entender que es una posible solución al tema», ha afirmado Pueyo en declaraciones a los medios a la salida del encuentro con el titular de Educación para hablar de un futuro pacto educativo.
Asimismo, el secretario general de FSIE le ha trasladado al ministro el malestar de este colectivo de profesores por no poder corregir las evaluaciones de ESO y Bachillerato, ya que están limitadas a los docentes funcionarios. Esta medida la va a recurrir este sindicato ante la Audiencia Nacional, como ya hizo con la ‘reválida’ de Primaria.
Para FSIE, que desde el primer momento se mostró contrario a las evaluaciones finales de la LOMCE, lo más adecuado habría sido una prueba en 4º de Primaria y 2º de la ESO con el fin de detectar y rectificar los problemas. «Al final de la etapa, cuando ya esta todo evaluado no hay posibilidad de mejora y al alumno le sirve de poco», ha subrayado.
De cara al pacto, Pueyo le ha pedido al ministro que la concertada «tenga su lugar y reconocimiento», además de un «trato equitativo» respecto de la red pública, en base al artículo 27 de la Constitución, que reconoce la libertad de enseñanza. «En este momento la financiación de la concertada es claramente insuficiente y los profesionales que trabajan en ella tenemos unas condiciones laborales muy inferiores a las de nuestros compañeros de la pública», ha precisado.
Según Pueyo, el ministro le ha «confirmado» que por su parte «no hay ningún problema en mantener el equilibrio entre las dos redes» y que dentro de un posible «ha hecho mención» a éste que lleve un acompañamiento presupuestario de las medidas que se adopten. Esto, a juicio del secretario general de FSIE, «implicará que la concertada por fin recibirá la financiación suficiente para que sea gratuita a coste real».
EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN
Claves para entender qué está pasando con el Consejo Escolar del Estado
Saray Marqués
Quién lo iba a decir. Que el Consejo Escolar del Estado (CEE), el órgano de participación de todos los sectores del mundo educativo, cuyos dictámenes (preceptivos aunque no vinculantes) no han sido demasiado tenidos en cuenta por el Ministerio de Educación los últimos cuatro cursos, iba a terminar torpedeando, por circunstancias sobrevenidas, la culminación con éxito de la implantación de la Lomce.
A su presidente hasta su jubilación en mayo, Francisco López Rupérez, no le agrada el panorama: “Se está mezclando el retraso en la fácil salida, que se debería haber emprendido hace meses, con la intención de atascar el desarrollo de la Lomce bloqueando al Consejo; y eso aunque es tácticamente inteligente no me parece aceptable desde un punto de vista institucional”.
El expresidente hace alusión a la actual coyuntura del CEE, sin presidencia, vicepresidencia (por jubilación forzosa) ni secretaría general (por fallecimiento este verano).
Sus últimos dictámenes (entre ellos los de los proyectos del Real Decreto de las reválidas) datan del 12 de mayo. Entonces parecía que el presidente y la vicepresidenta se iban con los deberes hechos. Pero al publicar el Ministerio el Real Decreto de las reválidas en julio ha quedado un cabo suelto: es necesario contar con la orden ministerial que determine las características, el diseño y el contenido de las pruebas antes del 31 de noviembre. Y ello no es posible sin el informe del Consejo.
¿Dónde está el bloqueo?
En la triple vacante, inédita, y no contemplada en el reglamento del CEE (ni siquiera la doble). Al presidente (o a l vicepresidente o secretario, en su ausencia) le corresponde convocar las reuniones, también aquellas en que se someten a consulta los nombramientos del presidente y del vicepresidente. Hasta que no se haya cumplido este trámite, hasta que no se haya escuchado al Pleno o a la Comisión Permanente, no se puede contar con un nuevo presidente. Esto hace que, independientemente de si hay un Gobierno en funciones o un nuevo Gobierno, el CEE esté paralizado. Tampoco se puede modificar el reglamento sin haber convocado al Pleno y la Permanente, que no pueden funcionar sin presidencia, al no ser órganos asamblearios.
¿A qué afecta?
La tramitación de las reválidas de ESO y Bachillerato es la más sonada, pero existen otros decretos, por ejemplo de FP, a la espera del dictamen. El Ministerio sabe que sería un suicidio seguir adelante (tratándose además de una norma tan controvertida) sin este dictamen, imprescindible. Cualquiera de los consejeros podría presentar un recurso y lo ganaría. Existen precedentes: en 2009 la FAPA Giner de los Ríos recurrió la privatización del colegio Miguel Ángel Blanco en la localidad madrileña de El Álamo (que la Consejería llevó a cabo sin el informe del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid) y los tribunales le dieron la razón.
Además, aunque los servicios técnicos han seguido trabajando en la elaboración del informe anual 2016 (que mostrará con datos y cifras los peores años de los recortes, al alcanzar hasta el curso 2014-2015), su tramitación, que requiere la participación de los diferentes órganos colegiados del Consejo, no se puede iniciar hasta que no se resuelva la vacancia de la presidencia. Tampoco se ha convocado el encuentro de consejos escolares autonómicos y del Estado, que este año trataría sobre el pacto, y en el que existe en la actualidad una importante dicotomía, al no copar el PP la mayoría como antaño. Precisamente esta semana el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, informaba a los distintos representantes sindicales de que este, el pacto, pasaría por el CEE, algo que no será posible hasta que no se recomponga.
¿Cómo se le puede dar salida?
Para el ex presidente López Rupérez no hay otra fórmula que la de nombrar un presidente suplente provisional, que proseguiría, en funciones, con la actividad del CEE y podría, entre otros, convocar a la Permanente, para hacer posible el trámite de audiencia al órgano, obligatorio para nombrar presidente definitivo.
Para ello, y con cierta flexibilidad interpretativa, que en su opinión y dadas las circunstancias nunca sería reprobada en este caso concreto por ningún tribunal, ve la posibilidad de acudir a la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas, que establece en su artículo 23 que en caso de vacante, y en defecto del vicepresidente, el presidente será sustituido por “el miembro colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, entre sus componentes”.
Si el presidente de Ceapa, y miembro del Consejo Escolar, José Luis Pazos sostiene que esa normativa hace referencia a instituciones en que sus integrantes son funcionarios o están al servicio de la Administración, “no como el Consejo Escolar, que, aunque dependiente de esta, se compone de representantes de la sociedad civil”, López Rupérez argumenta que, en estos casos, la ley remite a las normas propias, pero, al no estar contemplada la excepcional situación actual en el reglamento del CEE, “parece razonable recurrir a la solución anterior: si la normativa a la que remite la de rango superior no resuelve el problema se ha de volver a la norma de partida”.
Para Pazos, en cambio, el hecho de que el Gobierno del Estado deje de estar en funciones sí marcaría una diferencia: “Si apelamos a una interpretación abierta, podemos plantear otra posible solución, que un ministro no en funciones nombre al presidente o presidenta del CEE, que es un alto cargo. Sí, tiene que oír antes a los integrantes, pero no es necesario que lo haga en sesión plenaria, puede ir llamándolos uno por uno y nombrar a la persona que considere, publicándolo en el BOE. Y esta persona ya convocaría a los órganos, propondría la vicepresidencia y nombraría la secretaría. Pero para ello necesitaríamos tener un Gobierno constituido”. Una solución que López Rupérez sí ve para el puesto de secretario. En este caso, “el Ministerio podría recurrir a la suplencia de órganos administrativos prevista en el artículo 17 de la citada Ley 30, al ser un cargo puramente administrativo; pero para el nombramiento de presidente se requiere, según el Reglamento del Consejo, la audiencia del órgano colegiado y no de cada uno de sus componentes”.
Entretanto, el Ministerio ha encargado un informe a la Abogacía del Estado para definir por qué salida se decanta (aunque esta entidad hará una propuesta, dará unas orientaciones, algo que, como los dictámenes del CEE, no es vinculante). En su reunión con Ceapa hace más de una semana el ministro en funciones confió en tenerlo “en unos días”. Desde el MECD se asegura que es inminente. Aunque el tiempo apremia si se quiere aprobar la norma de desarrollo de las reválidas, estaríamos en plazo, pues, ya con presidencia, se convocaría la Ponencia de Dictámenes e Informes y la Permanente en ocho días y en 15 podría estar listo el informe. Con tres semanas en total sería suficiente. Esto, si no se opta por el trámite de urgencia.
¿Qué nombres están sonando?
Mientras, en el Consejo Escolar se percibe cierta intranquilidad. Si se aplicara la previsión de la Ley 30 el criterio de jerarquía tendría que dejar paso a los siguientes, pues los únicos escalafones son los de presidencia, vicepresidencia y secretaría. El resto de las personas, los 104 consejeros, tienen el mismo rango. Por tanto, se tendría que aplicar el siguiente criterio, el de antigüedad en el CEE. Le dé al final el Ministerio la razón o no al último presidente, a la secretaría del Consejo Escolar están llegando peticiones de listas de los miembros por antigüedad o edad desde algunas organizaciones.
El Diario de la Educación ha solicitado esta información, sin éxito. Pero entre los consejeros empiezan a sonar ciertos nombres en la línea de sucesión. En sus cálculos, inevitables, en función de la ley 30 sería el turno para Jesús Núñez, presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE). Algo que a Pazos no se le escapa y que incluso manifestó en su reunión con el ministro: “La comunidad educativa no va a aceptar determinado tipo de personas, del mismo modo que quizá el ministro no aceptaría que le tocara ocupar el puesto a un representante del Sindicato de Estudiantes”.
También conviene tener en cuenta que cabe la posibilidad de que la persona rechace el puesto, que pasaría al siguiente en la lista. Incluido en el grupo de “personalidades de reconocido prestigio” y presente tanto en el Pleno (que se reúne solo una vez al año, con los 107 componentes, para aprobar y presentar enmiendas al informe anual) como en la Comisión Permanente (con 20 personas que sí se ven las caras a menudo y tienen una estrecha vinculación con el mundo educativo), suena como segundo nombre el de José Antonio Martínez, presidente honorario de la Federación de Directores de Instituto, Fedadi. Martínez, el miembro más antiguo de la Permanente, es visto por algunos consejeros como un candidato idóneo: “Conoce la casa desde dentro desde hace muchos años y en las votaciones muestra un criterio independiente, unas veces vota con un grupo; otras, discrepa…”. Pero él, que no oculta su sorpresa cuando se le pregunta, se escuda en un: “Nadie sabe nada”.
